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El Congreso de la República debatirá hoy, a partir de las 15:00 horas, el informe final que propone inhabilitar por 10 años a la ex primera ministra Betssy Chávez para el ejercicio de funciones públicas. El documento, elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), será revisado y sometido a votación en el Pleno del Congreso.
La Junta de Portavoces acordó que la ex jefa del Gabinete participe de la sesión de manera virtual; sin embargo, no confirmó su presencia. Chávez permanece en la sede diplomática México en Lima, donde solicitó asilo tras ser acusada por el presunto delito de rebelión en el marco de los hechos del 7 de diciembre de 2022.
El informe N° 351 concluye que Chávez habría incurrido en infracciones constitucionales, por lo que recomienda aplicar la sanción prevista en el artículo 100 de la Constitución, que implica suspensión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Desde la Cancillería, se señaló que “ha habido una evolución negativa” en la situación del asilo solicitado por la ex funcionaria, lo que mantiene la controversia diplomática con México. El dictamen de la SAC será sometido a votación en el Pleno entre hoy y el 25 de diciembre. De aprobarse, consolidará la sanción política contra la ex jefa del Gabinete, quien enfrenta además un proceso penal seguido por la Fiscalía Suprema.
Fuente: Diario Correo
Un megaoperativo encabezado por la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional y el Ministerio Público terminó con la detención preliminar de tres exfuncionarios y el allanamiento de 16 inmuebles en Lima, La Libertad y Áncash. Las acciones forman parte del caso Los Fríos del Hambre, una presunta red criminal dedicada a favorecer irregularmente a proveedores del programa Qali Warma entre 2021 y 2024.
Según la investigación fiscal, los detenidos son Luis Alejandro Álvarez Saavedra, Jorge Luis Silva Chuna y Aníbal Manuel Morillo Arqueros, quienes habrían manipulado procesos sanitarios y validado resoluciones técnicas irregulares para mantener contratos estatales con empresas previamente sancionadas. Uno de los inmuebles intervenidos fue la vivienda de Óscar Acuña Peralta, hermano del exgobernador de La Libertad, aunque no fue ubicado durante la diligencia.
La intervención busca asegurar documentos, dispositivos y otras evidencias que eviten la obstrucción del proceso penal. El Ministerio Público sostiene que la red habría coordinado acciones fuera de registro y obtenido beneficios económicos mediante intermediarios. Las investigaciones continúan para determinar el nivel de responsabilidad y el alcance completo de la organización investigada.
Fuente: Infobae
El Ministerio Público designó al abogado, Gabriel Alberto Tupiño Flores, como fiscal adjunto provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Centro. Mediante resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso además su incorporación a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
La norma también establece que Tupiño Flores pasará a integrar el Equipo Especial de Fiscales encargado, con dedicación exclusiva, de las investigaciones vinculadas a presuntos delitos de corrupción en los que habría participado la empresa Odebrecht y otras compañías. Su nombramiento se formalizó a través de la Resolución N.° 3545-2025-MP-FN.
La disposición será notificada a la Junta Nacional de Justicia, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro, el Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Corrupción de Funcionarios y demás oficinas correspondientes, además del propio abogado designado.
Según los considerandos, la coordinación del Equipo Especial presentó una terna para cubrir la plaza de fiscal adjunto provincial y solicitó que el profesional elegido se incorpore a dicho grupo de investigación. La resolución lleva la firma del fiscal de la Nación (i), Tomás Aladino Gálvez Villegas.
Fuente: Andina
Tras ser calificada “proterrorista” por el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió que presentará una querella si el parlamentario no se rectifica. Señaló que las expresiones del legislador constituyen una difamación y que ya se le envió una carta notarial exigiendo la retractación. Sin embargo, Rospigliosi no solo recibió el documento, sino que volvió a cuestionarla públicamente, acusándola de usar de manera indebida su poder fiscal.
En declaraciones a diversos medios, Rospigliosi sostuvo que la JNJ actuó correctamente al no acatar la medida cautelar que permitiría el retorno de Espinoza a la Fiscalía, mientras el Poder Judicial pide su restitución. Desde la sede fiscal, Espinoza rechazó que su caso sea equiparado al de Patricia Benavides, remarcando que ella enfrenta solo una suspensión temporal. Añadió que su visita incluyó la actualización de su declaración jurada de intereses y afirmó confiar en que la ley respaldará su retorno.
Fuente: La República
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