Horas antes de la nueva movilización convocada por la Generación Z y diversos colectivos ciudadanos en Lima, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, lanzó un mensaje advirtiendo que la Policía Nacional actuará contra cualquier “hecho violento” durante la marcha, aunque sin definir los criterios de dicha intervención.

El pronunciamiento, difundido desde la cuenta oficial del Legislativo en X, respalda a la PNP en medio de una protesta que recuerda el caso de “Trvko”, joven fallecido tras ser baleado por un agente durante la jornada del 15 de octubre.

Los organizadores informaron que la concentración será este 14 de noviembre en la plaza Dos de Mayo desde las 5:30 p. m., donde exigirán frenar la violencia policial, derogar las llamadas “leyes procrimen” y renovar la clase política.

En paralelo, continúan las críticas a Rospigliosi por haber calificado como “terruco” a Eduardo Ruiz Sanz, pese a que “Trvko” era solo su nombre artístico, acusación por la que la familia del músico presentó una carta notarial solicitando rectificación, aún sin respuesta del legislador.

Fuente: La República

La fiscalía presentó sus alegatos finales contra Martín Vizcarra, señalando que entre 2013 y 2016 recibió S/ 2.3 millones en sobornos vinculados a obras públicas en Moquegua. Según el fiscal Germán Juárez, las pruebas como testimonios, documentos y pericias financieras demostrarían que el exmandatario habría sostenido su economía personal con dinero ilícito. Por esta razón, el Ministerio Público solicitó 15 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El caso se centra en presuntos pagos ilegales de las constructoras Obrainsa e ICCGSA a cambio de la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Las entregas, según la acusación, se realizaron en varias fechas y fueron corroboradas por colaboradores eficaces y documentos bancarios. La procuraduría indicó que la presunción de inocencia del expresidente quedó completamente destruida tras un año de juicio.

Vizcarra rechazó las acusaciones al salir de la audiencia y calificó los alegatos como débiles e inexactos. Afirmó contar con ingresos legítimos previos y anunció que él y su abogado rebatirán los cargos en la próxima sesión del 20 de noviembre, antes de la lectura de sentencia. La fiscalía sostiene que la pena, de ser condenatoria, debe ejecutarse de inmediato.

Fuente: El Comercio

La precandidatura de Pedro Castillo al Senado sigue siendo legalmente posible, pese a enfrentar un proceso penal por el fallido autogolpe del 7 de diciembre del 2022. Especialistas en derecho electoral precisan que no existe impedimento para postular mientras no haya una sentencia condenatoria en primera instancia.

Según el artículo 34-A de la Constitución, solo las personas con condena por delitos dolosos quedan impedidas de participar en elecciones. Castillo no registra una sentencia y tampoco ha sido inhabilitado por el Congreso, por lo que mantiene sus derechos políticos vigentes.

Los expertos advierten que su eventual exclusión dependerá de lo que ocurra primero: una condena o una inhabilitación antes del 23 de diciembre, fecha límite para inscribir candidaturas. De no concretarse ninguno de estos escenarios, el exmandatario podría postular en las Elecciones 2026.

Fuente: Diario Correo