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El Estado peruano advirtió que la difusión de mensajes racistas o discriminatorios a través de internet puede ser sancionada con penas de hasta cuatro años de prisión, al tratarse de un delito que vulnera la dignidad de las personas y promueve la exclusión social. La medida forma parte del marco legal vigente que castiga la discriminación en todas sus formas.
El Ministerio de Cultura del Perú recordó que los actos de discriminación por origen, cultura o color de piel ya son penalizados con hasta tres años de cárcel; sin embargo, cuando estas conductas se realizan mediante plataformas digitales o redes sociales, la pena se incrementa, además de contemplar posibles inhabilitaciones.
Asimismo, la entidad exhortó a la ciudadanía, especialmente a creadores de contenido y medios digitales, a hacer un uso responsable del lenguaje y evitar la propagación de discursos de odio. Estas acciones se enmarcan en la estrategia multisectorial “Perú sin Racismo” al 2030, que busca fortalecer la lucha contra la discriminación étnico-racial en el país.
Fuente: La Gran Sala de Noticias
La región Piura ha reportado 61 fallecimientos a causa de neumonía en lo que va del 2026, según el más reciente informe de las autoridades de salud. La cifra refleja un incremento sostenido de casos y decesos en comparación con semanas anteriores, evidenciando el impacto de las enfermedades respiratorias en la zona norte del país.
De acuerdo con los reportes epidemiológicos, los adultos mayores de 60 años constituyen el grupo más vulnerable, concentrando la mayor cantidad de víctimas mortales. Asimismo, se ha registrado un elevado número de contagios y hospitalizaciones, lo que mantiene en alerta al sistema de salud regional ante posibles complicaciones en pacientes con factores de riesgo.
Especialistas señalan que este incremento estaría relacionado con factores como la baja cobertura de vacunación, cambios climáticos y la presencia de enfermedades preexistentes en la población. Ante este panorama, las autoridades sanitarias han exhortado a la ciudadanía a reforzar las medidas preventivas y acudir oportunamente a los establecimientos de salud frente a síntomas respiratorios.
Fuente: Correo
El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, presentó su renuncia al cargo en medio de la crisis generada por las irregularidades logísticas registradas durante las elecciones generales del 12 de abril. La dimisión fue formalizada mediante una carta dirigida a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), en la que el funcionario señaló que su decisión busca contribuir a restablecer la confianza ciudadana en el proceso electoral.
En su misiva, Corvetto calificó su renuncia como “necesaria e impostergable”, al considerar que el proceso de conteo de votos se encuentra en su fase final y que la organización de la segunda vuelta presidencial debe desarrollarse en un contexto de mayor credibilidad institucional. Asimismo, expresó su disposición a colaborar con las investigaciones en curso sobre las fallas operativas detectadas durante la jornada electoral.
La JNJ aceptó la renuncia por unanimidad y confirmó que las investigaciones continuarán, pese a la salida del funcionario. El caso se enmarca en una serie de cuestionamientos por deficiencias en la distribución de material electoral y otros problemas logísticos que afectaron el normal desarrollo de los comicios, lo que derivó en denuncias y en una crisis de confianza en el sistema electoral peruano.
Fuente: La República
El contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, informó desde Jauja que las irregularidades detectadas en el reciente proceso electoral fueron remitidas al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Según precisó, estas observaciones involucran a organismos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el marco de las elecciones generales de 2026.
El titular de la Contraloría explicó que los hallazgos son resultado de un proceso de supervisión iniciado hace más de un año, el cual incluyó acciones de control antes, durante y después de los comicios. En ese sentido, rechazó las versiones que apuntan a una intervención tardía de la institución, asegurando que el seguimiento fue permanente y preventivo frente a posibles riesgos en la organización electoral.
Las observaciones se suman a un contexto de cuestionamientos al proceso electoral, marcado por fallas logísticas y denuncias sobre irregularidades en distintas etapas. Ante ello, la Contraloría indicó que será el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades correspondientes, en medio de una creciente preocupación por la transparencia y legitimidad del sistema electoral.
Fuente: Correo
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