El titular del sector, Fernando Castañeda, no descartó que una de ellas sea la excarcelación de adultos mayores con enfermedades graves, que no hayan cometido delitos graves. Sobre el relevo de todo el consejo directivo del INPE, dijo que “es necesario potenciar un conjunto de medidas”.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda Portocarrero, comentó que se evalúan diversas opciones para evitar que el hacinamiento en los penales del país se convierta en un factor extra de riesgo de contagio del virus COVID-19.
Recientemente, la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, informó que, durante la sesión del Consejo de Estado del lunes, le planteó al presidente Martín Vizcarra usar sus facultades para conceder indultos y otros beneficios penitenciarios a presos que cumplan con ciertas condiciones y se encuentren dentro de la población vulnerable. Este beneficio se aplicaría a reos condenados por “ciertos delitos que no sean terrorismo, tráfico de drogas, corrupción o violencia en contra de los derechos humanos”, agregó Ledesma.
Al respecto, el ministro Castañeda dijo que varias opciones “se evalúan”, y no descartó que una de ellas sea la excarcelación de adultos mayores con enfermedades graves, que no hayan cometido delitos graves. También se analizan mecanismos para reducir la población de internos acusados de omisión a la asistencia familiar, así como el traslado de reos extranjeros a sus países de origen. “Hay una serie de medidas en varias líneas”, dijo el ministro.
Según estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hasta diciembre del 2019 había casi 96 mil internos en las 68 cárceles del país; esto representa una sobrepoblación penal del 138%. Del total de presos, más de 4.700 tienen más de 60 años; los extranjeros suman 2.200.
Según dijo Castañeda a El Comercio, no se ha registrado ningún caso de coronavirus en la población penal hasta el momento. “Estamos en constante monitoreo. Como dicta la norma y el protocolo del Ministerio de Salud, si hay un paciente no grave se atenderá en espacios aislados dentro del establecimiento penal, hemos preparado ambientes”, comentó.
El martes, el presidente Martín Vizcarra anunció una partida de S/10 millones para cubrir necesidades de los penales ante la actual emergencia. Castañeda detalló que ese monto se utilizará en la compra de mascarillas, guantes y otros implementos para el personal del INPE, y en “la implementación de zonas de aislamiento, detección y descarte con colchones y otros artículos”. También se habilitarán flujos constantes de agua.
Sobre las visitas a los internos, dijo que se mantendrán suspendidas. “Recordemos que antes de la orden de aislamiento ya había una declaratoria de emergencia ambiental, teniendo en cuenta que no queremos poner en riesgo a la propia población penal, al personal penitenciario y a los propios visitantes”, aseguró.
Finalmente, respecto al reciente relevo de todo el consejo directivo del INPE, dijo que el cambio realizado se debió a que, “estando en una situación de emergencia, es necesario tomar y potenciar un conjunto de medidas”.
Fuente: El Comercio
