A raíz que Alberto Fujimori ha vuelto a la cárcel, dorada o no, se ha tocado uno de los puntos de nuestra justicia que están pendientes de modificar, actualmente es una gracia del Presidente de la República, y legalmente no puede ser revocada a la vez que no requiere de sentido común; en el gobierno más reciente de Alan García Pérez se dio en una forma, por decir lo menos, nada lógica e ilimitada, beneficiando a narcotraficantes; el ex Presidente como ya nos tiene acostumbrados culpó a los subalternos, y otro fiel aprista es quien se encuentra entre rejas aceptando la culpa.
Al revocar un juez la gracia concedida por un Presidente se pone de manifiesto el anacronismo de los indultos, dijimos que es quizá la última muestra del poder que poseían los antiguos monarcas, cuando aún se les consideraba descendientes de la divinidad, y ya estamos en el siglo XXI, el señor Presidente no es más que un funcionario público, y sin embargo tiene el poder de liberar a quien fuera condenado por otro poder del estado, de persistir la posibilidad del perdón debería corresponder al mismo poder que emitió la condena, es decir el judicial, el cual tiene un Presidente quien puede realizar los análisis de tipo humanitario u otro que justifiquen el indulto.
Otra característica del sistema de justicia es que las penas no son acumulables sino se superponen, de este modo se incentiva a quien cometió un delito grave a cometer otros menores por los cuales será juzgado pero no tendrán efecto alguno sobre su tiempo de prisión, nuevamente un ejemplo viene a ser Alberto Fujimori, sobre quien pesan varias condenas y eso que no se han dado todas las sentencias aún, al tener una condena por lesa humanidad por la cual hoy se encuentra en prisión, es la única que está cumpliendo.
La benevolencia de nuestro sistema judicial se manifiesta en el sistema de 2 x 1, por el cual las condenas se reducen y han generado casos bastante notorios, que fueron sonados en años anteriores.
También se tiene la prescripción de los delitos de función, que es otro problema de incentivos; a sabiendas que el Poder Judicial tarda tantos años en llegar a una sentencia firme la decisión de saquear los fondos públicos tiene sentido, y basta con tener un buen abogado, no desde el punto de vista de la ética sino que conozca los vericuetos y los funcionarios adecuados; si además tiene suerte será capaz de sortear los mayores delitos en la misma forma que un torero, dejando pasar el peligro aunque a veces por estrecho margen; la actual realidad de la justicia peruana revelada recientemente propicia este tipo de maniobras, las cuales han dado buenos resultados, aunque posiblemente para algunos la mala suerte de descubrirse la organización criminal dentro del sistema tendrá resultados muy graves, incluso en Tacna.
Por lo tanto, se hace imperativa la implementación de reformas institucionales, el cual debe ser profunda, de lo contrario en vez de un “sistema de justicia” seguiremos teniendo uno de injusticia.
